El gobierno Federal mexicano tendrá muchas dificultades para mantener los programas sociales, el desarrollo económico y la ampliación de la infraestructura debido a el colapso del yacimiento Cantarell que provoca reducciones sustanciales en la producción total y las exportaciones de petróleo crudo de México.
Sin embargo, el fin de su dependencia de Cantarell representa para México una oportunidad crítica para prepararse adecuadamente para la siguiente etapa del desarrollo nacional de los hidrocarburos: las aguas profundas del Golfo.
El campo gigante de Cantarell en México, bendecido con geología y ubicación privilegiadas, ya producía un millón de barriles diarios poco después de su descubrimiento en 1976.
Para mediados de los años 90, la caída de la presión del gas natural del yacimiento obligó a la estatal Pemex a poner en práctica un proyecto de inyección de nitrógeno para revertir la baja de producción de su recurso más crítico.
El programa elevó la producción del campo a más de 2,1 millones de b/d para el 2004, convirtiendo a Cantarell en el segundo campo más grande del mundo, detrás del legendario Ghawar de Arabia Saudita.
Cantarell convirtió a México durante décadas en el tercer abastecedor de crudo de los EE.UU. contribuyendo con el 60% de la producción total del país.
Pero los programas de inyección de nitrógeno son sólo mejoras de corta duración y la producción de Cantarell ahora ha bajado.
Esa caída irreversible seguirá teniendo serias consecuencias para la delicada balanza fiscal de México.
Las ventas de petróleo constituyen 40% del presupuesto federal y Pemex depende de las partidas del gobierno y de préstamos para efectuar nuevas inversiones.
De hecho, la falta de capital impide a Pemex adquirir la tecnología requerida para exploración y producción (E&P) en aguas profundas de su porción en el Golfo de México, la región donde están ubicados los campos más prometedores.
Como reacción a estos y otros factores la histórica reforma energética propuesta por el Presidente Felipe Calderón fue aprobada por el Congreso Mexicano en octubre del 2008.
Con el supuesto propósito de explotar las reservas existentes en su porción del Golfo, la ley Pemex promulga un nuevo marco legal para la empresa, al enmendar las leyes y regulaciones que gobiernan sus actividades.
Más de 50% de los recursos prospectivos de México están ubicados en el golfo de México Profundo y alcanzan unos 30.000 millones de barriles de crudo equivalente, en una extensión de 575.000 kilómetros cuadrados.
La exploración y explotación en aguas profundas enfrenta enormes retos tecnológicos y operativos, pues aún disponiendo de recursos financieros sin restricción, la complejidad de los campos, los riesgos geológicos asociados, las necesidades tecnológicas y la incipiente experiencia en esas áreas, impedirán a Pemex realizarlas por sí misma en el período requerido para sostener la producción del país.
En México se han perforado muy pocos pozos en aguas de más de 500 metros de profundidad, en tanto que Estados Unidos y, especialmente, Brasil, tienen una vasta experiencia en la perforación de pozos en aguas profundas y ultraprofundas. Es impostergable que Pemex inicie cuanto antes la exploración y producción de hidrocarburos a gran escala en esa zona.
Pemex enfrenta el robo de hidrocarburos, tanto de productos terminados como de condensados, a través de tomas clandestinas. Esa actividad no sólo daña el patrimonio de la empresa, sino que representa un grave peligro para las comunidades cercanas a los ductos que transportan esos productos.
El problema aumenta año tras año. En coordinación con dependencias del gobierno federal, Pemex lleva a cabo operativos para proteger la red nacional de ductos, que alcanza más de 60.000 kilómetros.
México actualmente tiene balanzas deficitarias en la producción y consumo de gasolinas, gas natural, gas LP y productos petroquímicos. Pemex debe incrementar su infraestructura de transporte y almacenamiento lo suficiente para garantizar la internación de esos productos. Paralelamente, se registra una saturación importante de la capacidad de almacenamiento y distribución en las zonas de mayor demanda, así como pocos días de autonomía, lo que pone en riesgo el abastecimiento futuro.
A pesar de importantes esfuerzos realizados, la ciudadanía sigue relacionando a Pemex con problemas de opacidad. Por eso es vital mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en sus actividades. Resulta indispensable crear un marco de incentivos para, por un lado, atacar el problema desde su prevención, a tiempo de fortalecer las acciones de vigilancia y sanción.
El esquema actual de contrataciones de Pemex es rígido e inoperante para una industria tan compleja como la petrolera, pues deriva en demoras en la terminación de obras y en sobrecostos. Para la contratación de proyectos de gran tamaño y complejidad, Pemex está sujeto a la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, lo que se traduce en una camisa de fuerza que provoca retrasos e ineficiencia.
El crecimiento de la demanda mundial de combustibles automotores ha causado la expansión de la capacidad mundial de refinación durante la última década. Se calcula que hasta el año 2014 se llevarán a cabo más de 500 proyectos de refinación a escala mundial, incluidas ampliaciones de capacidad, instalación de unidades de alta conversión y plantas de hidrotratamiento.
Esta situación ha generado un incremento de 50% a 100% en el costo de la infraestructura para refinación.
La realidad es que Pemex no tiene los recursos ni la tecnología requeridos para desarrollar reservas de crudo en aguas profundas de su porción del Golfo de México, por eso debe aflojar las leyes anti privatización para atraer la inversión extranjera.
Pemex encara una situación complicada en muchos aspectos en el mediano plazo, agravada, sobre todo, por la actual situación económica y financiera mundial.
Es evidente que con la menor producción de crudo, el petróleo ya no podrá ser la fuente de ingresos fiscales que ha sido en la última década, especialmente si los precios internacionales siguen deprimidos, lo cual parece inevitable en el corto plazo por la contracción de la economía mundial.
Este hueco en las finanzas públicas de México podría ser de unos US$20.000 millones este año y podrá atenderse en parte con las coberturas contratadas a mediados del año pasado, cuando el precio del crudo superó los US$100 por barril. El problema mayor para las finanzas públicas será a partir de 2010, si los precios del crudo y los ingresos petroleros se mantienen en niveles bajos.
Muchas de las disposiciones de la reforma energética, ya han entrado en vigor, particularmente las referentes a la autonomía de Pemex para tomar decisiones de inversión y aplicar un nuevo régimen de contratación de obras, pero será más adelante, cuando se podrán ver las primeras acciones y resultados para que la reforma energética de México se convierta en una realidad tangible.
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