Ante los acuerdos para sacar adelante las reformas legales en materia de energía, ningún partido político puede alzarse con la victoria de decir que ellos fueron los ganadores, porque la modernización de Pemex y el sano desarrollo financiero de México es un triunfo de todos los actores políticos, ya que fueron capaces de ser moderados y ceder algunas veces en sus pretensiones, logrando con ello el consenso mayoritario en el Senado de la República.
Lo fundamental en esta discusión fue la participación de técnicos, científicos, académicos, ambientalistas, representantes de los gobiernos estatal y federal y de los diferentes partidos políticos nacionales.
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, en lo general y en lo particular, la iniciativa de decreto que reforma y adiciona disposiciones a la Ley Federal de Derechos relativas al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex).
El pleno camaral avaló el dictamen que propone establecer un régimen tratándose de los campos de hidrocarburos ubicados en el Paleocanal de Chicontepec y en aguas profundas.
El esquema planteado permitirá reducir la carga fiscal y consiste en un derecho sobre extracción de hidrocarburos en dichos campos, que se calcularía con una tasa porcentual variable no mayor a 20 por ciento sobre el valor anual del petróleo crudo y gas natural extraído en esos campos.
Además propone la creación del Derecho para la Fiscalización Tributaria en Materia de Hidrocarburos, que se calcularía con una tasa de 0.003 por ciento sobre el valor del petróleo crudo y gas natural extraídos anualmente y su recaudación se destinaría al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Los diputados aprobaron que los montos de la deducción por concepto de los costos, gastos e inversiones, vinculados con el petróleo crudo y gas natural extraído de los citados campos no excederá 11 dólares el barril, cuando la iniciativa del Ejecutivo federal proponía 10 dólares.
Los diputados también aprobaron en lo general diversas reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), que establece modificaciones al régimen de inversión de Petróleos Mexicanos (Pemex).
El pleno cameral aprobó desaparecer el esquema Pidiregas que Pemex contrataba cada año y darle autonomía y libertad a la paraestatal para sus inversiones, así como sacar las inversiones de Pemex del balance presupuestario.
Dicho esquema se adopta con las reformas legales de 1995 en la Ley de Deuda Pública y en la de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los Pidiregas surgen en el marco de la crisis económica de 1995. Se plantean como solución a un problema emergente de escasez de recursos para financiar proyectos de infraestructura productiva a largo plazo.
El modelo lo aplican Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. La ley no limita su aplicación al sector energético, pero es ahí donde resulta más atractivo para los particulares.
Hay dos modalidades básicas de Pidiregas que resultan fundamentales en la operación del esquema: en primer lugar, los proyectos de inversión directa y, en segundo término, los proyectos de inversión condicionada.
El modelo de los Pidiregas ha sido usado en varios países de América Latina y de otros continentes, con diferentes resultados. Lo que parece claro es que la efectividad del esquema está sujeta al tiempo, a la rentabilidad de los proyectos y a las características del financiamiento.
El pasivo Pidiregas actual se convertiría en deuda presupuestaria de Pemex y se emplearían disponibilidades del organismo para amortizar parte de dicho pasivo, con lo que dichos recursos financiarán la inversión que la paraestatal realizó en el pasado.
Simultáneamente, se excluye a la inversión de Pemex de la meta de balance presupuestario establecida en la LFPRH, con lo que los proyectos de la empresa petrolera se evaluarán sobre sus propios méritos y no tendría que competir por recursos presupuestarios con otros conceptos de gasto.
La exclusión de la inversión de Pemex de la meta de balance presupuestario liberaría un espacio presupuestario equivalente al nivel de inversión de la entidad por 78.3 mil millones de pesos, propuesto en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2009.
En la misma iniciativa, se propone permitir a Pemex que emplee los recursos acumulados en su fondo de estabilización al cierre de 2008, los cuales se estiman serán de 12 mil millones de pesos, para los gastos asociados a preparar la construcción de una refinería y otras obras de infraestructura.
También aprobaron que si existe excedentes petroleros para 2009, el 30 por ciento de ellos puedan irse a inversión en infraestructura en el país de forma inmediata, para proyectos que estén incluidos en el Presupuesto de Egresos, de los cuales, 35 por ciento serían destinados a estados y municipios.
El presidente de la Comisión de Energía, Francisco Labastida, aseguró que con la aprobación de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables, se pretende integrar ese rubro a la economía mexicana para reducir la dependencia de hidrocarburos.
Se propone “la participación social” en la generación y cogeneración de electricidad a través de las energías renovables, además de establecer instrumentos para el financiamiento de la transición energética.
Con esto se apoya la generación de electricidad a partir del viento, la radiación solar, el movimiento del agua en cauces naturales o artificiales, la energía oceánica, el calor de los yacimientos geotérmicos.
También se incluye en la definición de energías renovables la “la biomasa, los biocombustibles y la porción biodegradable de los residuos no peligrosos cuando se usen para generar energía eléctrica”.
Con respecto a la Ley de Petróleos Mexicanos, dicha comisión también aprobó el sexto dictamen de la reforma energética, que crea la nueva Ley de Petróleos Mexicanos y ordena la emisión de los bonos ciudadanos.
El dictamen otorga a Pemex autonomía presupuestaria y de gestión para que pueda manejar su deuda y celebrar contratos de obra y de prestación de servicios con particulares en las áreas no exclusivas.
Asimismo, los pagos a contratistas serán siempre en efectivo, no en especie sin conceder un porcentaje de la producción o de las utilidades de Pemex como remuneración y el Estado mantiene en exclusiva el control sobre los hidrocarburos.
Pemex también emitirá los bonos ciudadanos, cuyos titulares deberán ser personas físicas de nacionalidad mexicana, así como morales nacionales, aunque se avalaron candados para evitar la participación de las casas de bolsa.
Además, se establece un derecho único sobre hidrocarburos para promover que se renueve la explotación de pozos abandonados y en proceso de abandono, pero con potencial productivo, que era la propuesta de la tercera via propuesta por el Gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán.
Pemex también realizará, sin la autorización de la Secretaría de Hacienda, las adecuaciones presupuestarias que considere, y podrá emplear hasta 20 por ciento de sus excedentes de ingresos propios o hasta 10 mil millones de pesos para subir su gasto de inversión.
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